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OPINIÓN: Antonio Sánchez Requena

5 Ago 2015

ESTO NO ES NORMAL

Vamos camino de los dos meses desde que se constituyó el nuevo Ayuntamiento y el PP, el partido de Gobierno, sigue solo hablando de sus sueldos. Intentan los miembros electos de este partido hacernos entrar en un debate falso, el de si los concejales deben cobrar o no, para hacernos olvidar la gravedad de la situación a la que el PP ha llevado al Ayuntamiento.

Parte de los miembros del Equipo de Gobierno deben tener sueldo para poder dedicarse a gestionar los asuntos municipales y todos los partidos políticos representados en el Pleno Municipal así lo han manifestado. Sin embargo a José Miguel Mollá no le salían las cuentas para pagar sus hipotecas políticas y junto a sus concejales decidieron paralizar el Ayuntamiento: o nos dais lo que queremos u os las apañáis vosotros (eso sí, Mollá se había garantizado previamente sus 30.000€ a través de la Diputación). Ese es el verdadero problema de fondo, el chantaje al que el PP ha sometido a la oposición, tomando toda la actividad municipal y las repercusiones sobre los vecinos del municipio, como moneda de cambio.

Debemos recordar que una serie de personas se presenta a unas elecciones con unas promesas, unos proyectos para que los ciudadanos les den su confianza y deleguen la soberanía, el poder político en ellos. Con el voto recibido se convierten en representantes de los ciudadanos, y se crea de forma automática un contrato entre el representante político y el ciudadano. La aceptación de ese contrato se escenifica cuando los concejales y el alcalde juran o prometen cumplir fielmente las obligaciones de su cargo. Si los concejales del PP solo estaban dispuestos a cumplir esas obligaciones si les pagaban lo que querían, eso debería haber figurado en el punto nº 1 del programa electoral del PP.

Pero lo más escandaloso es que, si no cobran, renuncian a sus obligaciones derivadas de su   promesa o juramento, y sin embargo , no han renunciado  a sus cargos como concejales. Esta actitud es una clara ruptura del contrato firmado con los ciudadanos y la consecuencia debe ser la dimisión inmediata ¿Por qué? Porque esos concejales obtuvieron la representación popular con engaños o artificios. Se convirtieron de forma voluntaria en gobierno a través del voto a José Miguel Mollá en el Pleno de investidura y a continuación se niegan a ejercer como gobierno porque no se les paga todo lo que quieren, una condición que no estaba en el contrato. Si no actúan como gobierno pero tampoco devuelven sus actas de concejal están cometiendo una tremenda estafa política y demuestran que no vinieron para servir a los ciudadanos sino para servirse de la política.

Ahora algunos se felicitan de  esta especie de gobierno de concentración al que nos ha llevado la irresponsabilidad y el ninguneo de las instituciones por parte del PP y lo califican de modélico. Nada más lejos de la realidad. Un Gobierno de concentración en democracia es una excepción que solo se produce en situaciones en las que el propio sistema está en riesgo y se decide, de forma temporal, obviar algunos principios en los que se basa un sistema democrático para resolver esa situación.

Un Gobierno de concentración implica la desaparición de la oposición política porque todos están ejerciendo tareas de gobierno. Si todos gobiernan ¿quién controla al Gobierno? La existencia de una oposición genuina que lo controle hace que ese Gobierno esté más atento y no se relaje en el cumplimiento de sus promesas.  La oposición política plantea alternativas, que ayudan a mejorar las políticas del Gobierno y facilita los flujos de información hacia la ciudadanía, que al estar más informados tiene más elementos con los que formarse una opinión del estado de las cosas y tiene más criterio a la hora de repartir premios y castigos entre aquellos que les representan, es decir, los políticos.

La oposición  no es un mero elemento decorativo sino que juega un papel fundamental para garantizar el pluralismo político. Por tanto, obligarla a ejercer tareas de gobierno como ha hecho el PP, con la amenaza consumada de dejar de cumplir con sus responsabilidades si no se les paga todo lo que quieren, supone un ataque imperdonable al normal funcionamiento y a la imagen de las instituciones democráticas. Supone una falta de respeto a los ciudadanos de Caudete y constituye una estafa política que debería resolverse poniendo de patitas en la calle a quien se ha atrevido a comportarse así.

Un pueblo no puede estar gobernado por quien no quiere gobernar pero que tampoco quiere soltar el sillón por cuestión de sueldo. Un pueblo no puede estar sometido a la arbitrariedad de quien no tiene más rumbo que sus intereses personales, sin importarle como afecten a los ciudadanos las decisiones que toma. Con gente así en un gobierno, solo cabe esperar lo que el griego Kavafis dice en su poema:
que “otro desastre, otro en el que nunca habíamos pensado

súbita, tempestuosamente cae sobre nosotros

y sin darnos tiempo –sin prepararnos- nos arrebata”

 
ANTONIO SÁNCHEZ REQUENA

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