Debemos avanzar hacia una regeneración completa, sobre la base de un proceso constituyente profundo.
La reforma constitucional debe ser defendida por el PSOE y JSE para regenerar un sistema institucional con el que todos nos sintamos identificados. Debemos poder creer en nuestras instituciones y en nuestros representantes, es por ello que la reforma de la Constitución debe basarse en dos pilares básicos: transparencia y eficacia.
España no saldrá de la crisis económica hasta que nos hayamos solucionado nuestra crisis de confianza en las instituciones que nos gobiernan.
En este sentido, una república social, federal, y laica debe ser la principal garante de la igualdad en condiciones de libertad.
El proceso constituyente debe, además, abogar por:
• Diseñar unas instituciones más abiertas e inclusivas.
• Reforma del sistema electoral con el objetivo de mejorar la representatividad en las cámaras.
• Separar las oligarquías y el dinero privado de la política.
• Avanzar en la profundización de las libertades públicas e individuales.
Por razones ideológicas, de memoria y de principios éticos Juventudes Socialistas de España es, y así lo recogen nuestros Estatutos, una organización republicana.
La defensa de la República como forma de Estado es parte de nuestra identidad política. Y el recuerdo de los logros alcanzados en el pasado, especialmente durante la II República, y cómo ésta fue derrumbada de la forma más vil, mediante un golpe de Estado, para arrastrarnos a la dictadura, es algo que nunca olvidaremos.
Sin embargo, cuando hablamos de valores republicanos y proponemos transformar el actual modelo no debemos dejarnos llevar por los sentimientos, ni tratar de recuperar el pasado. Hemos de avanzar en nuestra estrategia para conseguir más apoyos y complicidades.
La República, de manera aséptica, debe congregar en torno a ella a todo el espectro político, de izquierdas o derechas. Debe ser un punto de encuentro y convivencia ciudadana, un espacio común en el que no existan suspicacias ni reproches, sino el compromiso del buen gobierno y de la virtud cívica, característica ésta básica en el republicanismo.
Tampoco debemos utilizar nuestro ideario republicano como un ariete contra la monarquía, aprovechando la situación insostenible por la que está pasando. Nuestra aportación debe ser la de facilitar argumentos al debate e insistir en la idea de que la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas debe ser plena, incluso a la hora de acceder a la jefatura de Estado de nuestro país. Reclamar la necesidad de que cualquier gobernante esté sujeto a la ley y sea responsable ante la ciudadanía. La república es, y siempre ha sido a lo largo de la historia, una herramienta contra la corrupción. No sólo la corrupción de quienes roban dinero público sino, sobre todo, de quienes quieren arrebatar, desde su posición de poder y dominación, la voz y derechos de las personas.
Sabemos además, siguiendo con la cuestión monárquica, que somos herederos de una generación que, por diversas causas, considera en su mayoría a esta institución como elemento unificador y de estabilidad. Nuestra generación, en cambio, libre de cargas pasadas, resuelta, sin temor, ni imbuida en la inercia que se viene desarrollando desde la Transición, debemos hacer comprender que no nos sentimos identificados con este modelo de Estado porque no formamos parte de quienes decidieron establecerlo.
Las diversas encuestas que a lo largo de los últimos años han tratado el tema republicano reflejan que las personas más jóvenes consultadas son proclives hacia este modelo, y que incluso en franjas superiores de edad, a causa de los escándalos que afectan a la Casa del Rey, el apoyo hacia la monarquía disminuye. Por lo tanto es inexorable que en el transcurrir del tiempo es fundamental que este debate se abra a pesar de las posiciones inmovilistas que actualmente hay en relación a esta cuestión, incluso dentro de nuestro propio partido.
LA REPÚBLICA COMO MODELO DE ESTADO
La República ha sido en muchas ocasiones, si no siempre, la consecuencia del descontento y la indignación ciudadana, por su carácter ético y vivificador de la sociedad. Por lo tanto en la situación social actual se hace más posible alcanzar este objetivo que no es finalista. Es decir, ningún nuevo modelo de Estado, República incluida, es en sí mismo una solución para los acuciantes problemas que estamos atravesando. Sí es, en cambio, el origen desde el que se ramifican distintas herramientas útiles para mejorar la calidad del ejercicio del gobierno.
De esta manera, la participación ciudadana, su amplio desarrollo y uso, es una consecuencia lógica e inseparable de la República. Se convierte dicha participación, de facto, en un contrapeso del poder y en la garante de que la jefatura de Estado no pueda sentirse libre de responsabilidad.
Por tanto la actividad política no se restringe únicamente al carácter militante dentro de los partidos, sino que es un deber del buen ciudadano -en su concepción republicanista- y una aspiración social que debe ser asumida apoyando la importancia de los movimientos sociales y del tejido asociativo.
Para que esto último sea así cobra especial protagonismo otro de los elementos propios de toda régimen republicano: la puesta en marcha de un sistema educativo sólido que cree una auténtica ciudadanía crítica. Es perentorio que en los primeros pasos educativos de una persona ésta aprenda la importancia que tiene como individuo dentro de la sociedad, de la responsabilidad que debe asumir por el bien común.
Sólo a través de una extensa y profunda educación cívica se puede alcanzar la ciudadanía y, por tanto, la igualdad y libertad. Éste es el fin último que trae consigo la República: la consecución de una ciudadanía preparada, libre, igualitaria, que sea el contrapeso del poder cuando éste se ejerce de espaldas a ella o, incluso, en su contra.
BLINDAJE DE DERECHOS SOCIALES
Creímos, erróneamente, que la protección constitucional de la que gozaban los derechos sociales, y las prestaciones y servicios públicos a ellos asociado, era suficiente. La crisis económica y la voracidad neoliberal de la derecha nos han demostrado que no.
Debemos pasar de la constitucionalización de las reglas económicas a la constitucionalización de las garantías sociales, incluidas en ellas la Educación y la Sanidad. Este blindaje constitucional debe garantizar que cualquiera que sea el Gobierno, estos derechos sean innegociables e inamovibles para asegurar un estado del bienestar avanzado.
El sustento de esta nueva constitucionalización de derechos debe ser una reforma fiscal en profundidad y un rediseño total del mercado de trabajo para garantizar ingresos suficientes de manera universal, superando su dualidad.
Es evidente que el descrédito hacia las instituciones comunitarias ha ido en aumento a medida que las mismas realizaban imposiciones de austeridad, durante la crisis económica, que no respetaban la esfera mínima e intocable de los derechos de la ciudadanía.
UNA EUROPA PROGRESISTA
España está hoy más lejos del sentimiento de Europa. El idilio España-Europa, tal y como lo conocimos, se ha roto de la peor de las maneras posibles. Europa ya no es, a ojos de una buena parte de la ciudadanía, una fuente de derechos, sino un lastre de deberes.
Para muestra, la reforma del artículo 135 de la Constitución, un error político de enorme calado que debemos, desde hoy, comprometernos a enmendar.
El futuro de la socialdemocracia pasa por una Unión Europea fuerte y de mayorías progresistas. No debemos dar la espalda a las instituciones europeas pensando que podremos conseguir una sociedad más justa: llegados a este punto sólo podemos avanzar en justicia social mediante una acción coordinada de los y las socialistas europeos.
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