El pasado 11 de octubre el
Pleno Municipal se reunió en sesión extraordinaria para tratar la subida de las
tasas de agua potable, alcantarillado y
depuración y el inicio de los trámites administrativos para la nueva
privatización del servicio de agua potable.
Además de estos puntos, se trataron las alegaciones a la ordenanza de las guaridas y la aprobación definitiva de la misma, lo que se produjo por la unanimidad de los grupos políticos.
El debate sobre las tasas y la concesión del servicio de agua potable, aunque tratados en distintos puntos del orden del día tuvieron un mismo hilo argumental por parte de los tres grupos representados en el Pleno. El PP justificó la necesidad de las subidas en un presunto desequilibrio económico que hace el servicio deficitario, punto de vista que ni el concejal Joaquín Medina ni el PSOE compartían.
La discusión principal giró en torno a la cantidad de la subida, ya que en la documentación recibida por el grupo socialista se reflejaba una subida de la tasa del agua potable del 70%, cosa que sorprendentemente negó Francisco Estarellas. Para José Antonio Montesinos, que defendió la postura socialista “los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y en estas circunstancias otra subida de tasas es una agresión a los caudetanos, que ya han visto como se les subía las tasas de la basura, de las Escuelas Deportivas Municipales, de la Universidad Popular, además del IVA, el IRPF y el Ibi.” El concejal socialista explicó también que no se podía tomar una decisión tan relevante partiendo de estudios económicos que contenían errores importantes como no contabilizar como ingresos las nuevas altas en el servicio de agua potable y alcantarillado. Señaló también la necesidad de incorporar a la red municipal a los usuarios de Aguas de Sierra Oliva y de Aguas del Paraíso.
El concejal de Hacienda, Torres, volvió a referirse a la herencia socialista, los acusó de no aprobar la subida de tasas por “intereses personales o particulares” y soltó una de sus habituales perlas. Indignado porque tras una mañana de negociaciones no se había llegado a ningún acuerdo, dijo que los miembros del Equipo de Gobierno tenían cosas muy importantes que hacer como para perder el tiempo -¡por una mañana!-. Vamos, que esto de subir los impuestos a unos ciudadanos que están castigados por la crisis tampoco es necesario tomárselo demasiado en serio, que los señores concejales tienen que decidir sobre el color del toldo que les protegerá del sol las próximas fiestas, si después del monolito de Luis Golf cambian el Santo Cristo o estudiar dónde quedan logotipos de la imagen corporativa lanzada por el anterior Equipo de Gobierno (el famoso escudo rojo) para su total exterminación.
El portavoz socialista defendió que el coste del servicio de agua potable en Caudete es el más bajo de toda la comarca. Según el informe de intervención, el agua en nuestro pueblo cuesta un 70% menos que en las poblaciones vecinas lo que debe interpretarse como una ventaja para los usuarios, como un éxito de gestión y no como una posibilidad de aumentar gratuitamente la tasa. Las excelentes infraestructuras de agua y depuración de las que nos dotamos en los últimos años, permiten un coste muy bajo del servicio y constituyen la verdadera herencia legada por los anteriores gobiernos municipal y regional.
En la discusión sobre la subida de tasas para el alcantarillado y depuración de aguas el PP señaló que la supresión de la bonificación que la empresa Aguas de Castilla-La Mancha daba al Ayuntamiento, hacía que los gastos se incrementasen en 80000€. El PSOE lamentó que el PP no sea capaz de negociar con una empresa que pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PP, para mantener la bonificación o al menos pactar una reducción gradual, en varios años.
Estarellas acusó a los socialistas de no haber controlado los vertidos de las industrias contaminantes. La respuesta de José Antonio Montesinos fue tajante “Si en el primer semestre de 2011, cuando gobernaba el PSOE, el sobrecoste en depuración por contaminación fue de 33.000€ y en el primer semestre de 2012, con el PP en el gobierno, el sobrecoste ha sido de casi 150000€ ¿Quién está mirando para otro lado en el tema de la contaminación?
Los dos puntos de subida de tasas no llegaron a votarse porque ante la falta de apoyo, el PP prefirió dejarlos sobre la mesa.
En el último punto del orden del día, la concesión del servicio de agua potable, el concejal Joaquín Medina apostó porque el Ayuntamiento recupere la gestión del servicio y por tanto votó en contra de iniciar los trámites para dar la concesión a una empresa privada.
Por su parte, el PSOE hizo hincapié en que al hablar de agua se está hablando de un servicio básico para el ciudadano por lo que lo primero a tener en cuenta es la calidad del servicio mientras que para el PP lo único importante es recaudar más y valora, sobre todo, quién va a dar más dinero al Ayuntamiento por adjudicarse en servicio.
En opinión de José Antonio Montesinos “el PP quiere obtener un préstamo que a los ciudadanos les va a salir muy caro, con el objetivo de obtener ingresos extra para financiar otros servicios, lo que es de dudosa legalidad”, señalando que el precio de una tasa debe servir para cubrir el coste del servicio y no se puede utilizar como instrumento de financiación. Estarellas y Torres se esforzaron durante todo el Pleno en dejar al PSOE como mentiroso pero José Miguel Mollá, en una de sus actuaciones más memorables se encargó por una vez de decir la verdad, desmintiendo a sus compañeros, al afirmar que “lo que pasa es que el Ayuntamiento necesita dinero si queremos que funcione la piscina cubierta, el alzheimer y si queremos hacer un plan de empleo”. Tanto esfuerzo por ocultar una mentira, llega el alcalde y lo estropea. Si es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
Descubierto el pastel, cautivo y desarmado el Grupo Popular a manos de sus propias incoherencias y falsedades, se procedió a la votación por parte del Pleno, que con los votos contrarios de PSOE y Joaquín Medina, rechazaba una propuesta de concesión que como mínimo puede calificarse de chapuza y lesiva para los intereses de los caudetanos.
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